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El Convenio de Estambul diez años después

    El convenio de Estambul es la apelación abreviada del instrumento diseñado por el Consejo de Europa para prevenir y luchar contra las violencias hacia las mujeres y las niñas, estableciendo normas específicas tendentes a la eliminación de las violencias ejercidas por motivos de género y para procurar la protección inmediata y efectiva de las víctimas de violencia de género.

    07/06/2021.
    Anna Mellado

    Anna Mellado

    Las diferentes recomendaciones propugnadas decenios antes por la Unión Europea se materializaron en 2011 en la adopción del Convenio de Estambul, fecha en la que se inició la apertura de firmas, si bien el convenio no entró en vigor hasta 2014. Por primera vez, el Consejo de Europa establecía un conjunto de medidas específicas en materia de prevención, protección, procedimientos jurídicos y servicios de atención para las víctimas de violencia de género. Para entonces España llevaba la delantera al marco europeo, aprobando en el año 2004 la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una ley pionera que sentó las bases en nuestro país para luchar de forma efectiva contra esta lacra. Lamentablemente, durante los gobiernos del Partido Popular esta ley ha sufrido todo tipo de obstáculos en su implementación, desde falta de financiación, dejación de funciones, desacreditación, o clara oposición a su cumplimiento, como por ejemplo la generada hacia las normas en materia de educación.

    La diferencia en relación a otros tratados internacionales de lucha contra las violencias machistas es que el Convenio de Estambul compromete a los países firmantes al establecimiento de políticas globales intergubernamentales. El Convenio ha tenido un recorrido dificultoso, y el Parlamento europeo adoptó varias resoluciones entre 2017 y 2019 para disipar la incertidumbre jurídica acerca de su compatibilidad con los tratados nacionales. Incluso tuvo que realizar una intensa campaña en 2018 contra mentiras y prejuicios difundidos por los sectores ultraconservadores europeos. El Consejo de Europa tuvo especialmente que aclarar el hecho de que combatir la dominación machista, fundada en estereotipos de género manifestados tanto en el ámbito privado como en el público, no atenta contra los valores de ninguna sociedad ni contra la familia.

    Las largas negociaciones desembocaron finalmente en septiembre de 2020 en la firma o ratificación del Convenio de Estambul por parte de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, conforme las manifestaciones feministas se han visibilizado y ha aumentado la protesta contra los feminicidios, algunos estados, nuevamente presionados por grupos ultraconservadores, están respondiendo con proclamaciones misóginas en contra de los derechos humanos. Polonia ya ha manifestado su intención de retirarse del Convenio y en marzo de 2021, el presidente turco Erdogan aprobó con alevosía y nocturnidad un decreto retirando a Turquía del Convenio que él mismo, entonces Primer ministro, había firmado, posicionando a Turquía como primer país firmante.

    Ligado al Convenio de Estambul trabaja un grupo experto independiente (GREVIO) que se dedica a analizar la implantación de medidas legislativas en los estados firmantes. En España, el primer informe emitido por GREVIO se publicó el 25 de noviembre de 2020. A pesar de que los últimos gobiernos progresistas han ejecutado en poco tiempo importantes acciones derivadas del Convenio, como la reciente aprobación de apertura de centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violencia sexual, quedan por resolver cuestiones de orden estructural como la cooperación interinstitucional entre el sistema público y las organizaciones del tercer sector en relación con la violencia y el acoso sexual o el aborto. Son urgentes mecanismos para garantizar la perspectiva de género en los servicios de apoyo y protección, evaluar y mejorar la oferta formativa dirigida al Poder judicial capacitándolo para tratar todas las formas de violencia contempladas en el Convenio de Estambul y aumentar la cooperación entre los juzgados y los servicios que asisten a las mujeres víctimas de violencia de género. Es imperativo establecer un número suficiente de servicios de protección y atención en todas las Comunidades Autónomas, y que todas las mujeres puedan acceder de forma directa e inmediata a los recursos y ayudas económicas. En Educación queda mucho por hacer, entre otras cuestiones vencer la presión de los sectores ultraconservadores negacionistas y misóginos, que logran impedir o desactivar la prevención contra las violencias machistas en el ámbito escolar, como es el caso concreto del veto parental en la Región de Murcia.

    Desde que el 11 de mayo de 2011 se aperturase el proceso de firmas, es triste admitir que el Convenio de Estambul es inaplicado en multitud de aspectos por todos los países firmantes, incluso por España, país pionero en la lucha. Es frustrante comprobar que entorpecer un proyecto integral contra las violencias hacia las mujeres y las niñas es una política común en la Unión Europea. El machismo es una fuerza poderosa.

    Diez años después, las cifras que la propia Unión Europea publica son más que preocupantes: el 33% de las mujeres de la UE han sufrido violencias físicas y/o sexuales, el 22% ha sufrido violencias en el ámbito de la pareja y el 55% de las mujeres de la UE han sido víctimas de acoso sexual. Está claro que la urgencia de aplicar de una vez por todas el Convenio de Estambul de forma íntegra y sin dar pasos atrás no es refutable.