RECORDAMOS que las cifras de la violencia son escandalosas, comenzando por las asesinadas por ser mujeres en el marco de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 1/2004, es decir, las asesinadas por su pareja o expareja: 

ü Un total de 38 mujeres, que han sido asesinadas hasta el 10 de noviembre de 2022.

ü 26 menores que se han quedado huérfanos y huérfanas con motivo de la violencia de género.

ü En todo el año 2021, 48 mujeres fueron asesinadas y 32 menores quedaron huérfanos y huérfanas. 

ü El número de mujeres asesinadas desde 2003 asciende a 1.171 mujeres; mujeres que son mucho más que números, son vidas arrebatadas. 

La violencia de género no distingue edades, pues el rango de edad de estas víctimas va de los 16 a los 84 años, ni distingue procedencia, pues los asesinatos se han producido en 12 de las 17 CCAA, ni distingue país, pues 27 de ellas eran españolas y 11 de otra nacionalidad. 

Destacar que de las 38, 24 de ellas no habían interpuesto denuncia previa.

 

 

Además, por primera vez desde que se recogen datos sobre violencias machistas, en cumplimiento de lo establecido en el Convenio de Estambul y de lo que veníamos reclamando también de las organizaciones sindicales, este 2022 se están registrando ya otros feminicidios que van más allá del ámbito de la pareja y expareja y que comprenden los feminicidios sexuales (relacionado con agresiones sexuales, incluidas las víctimas de trata y explotación sexual); los feminicidios familiares (cometidos por el entorno familiar y que incluyen los crímenes de honor); los feminicidios sociales (perpetrados por parte de hombres que no sean familia ni pareja o expareja, como amigos, vecinos o compañeros de trabajo) y feminicidios vicarios o por sustitución (asesinato de los hijos e hijas para dañar a la madre o bien de una mujer para dañar a otra). 

 

LAS CIFRAS SON ESCALOFRIANTES: 

ü Durante los meses de enero a junio de 2022, 19 mujeres en total fueron asesinadas fuera del ámbito de la pareja y/o expareja, dejando 3 huérfanos/as.

ü El 100% de los agresores eran conocidos de las víctimas.

ü Cerca del 60% de estos feminicidios se producen en el ámbito familiar, siendo el presunto agresor en 6 casos el hijo y en 3 casos el nieto.

ü Los feminicidios sociales representan en este primer semestre de 2022 el 32% del total, de los cuales en 3 casos el presunto agresor era un vecino, en 2 era un compañero de piso y en un 1 otro conocido.

ü El resto de asesinatos, el 10%, corresponden a feminicidios sexuales. Los presuntos agresores fueron un vecino y un conocido y en ambos casos las mujeres asesinadas eran menores de 16 años.

ü En el 89,5% de los casos las víctimas no habían denunciado.

Recordamos que las asesinadas no son sino la punta del iceberg de las violencias machistas que, según algunos indicadores, están creciendo. Por ejemplo, en el último informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se señala que: 

ü Entre abril y junio de 2022 se contabilizaron 44.543 víctimas de violencia machista, un 10,89 por ciento más que en el mismo periodo de 2021.

 

 

ü Esta cifra que indica que casi 20 de cada 10.000 mujeres sufren este tipo de violencia en España.

ü Se trata de cifras más altas que las que se registraron antes de la irrupción del COVID-19 (40.687 en el último trimestre de 2019 y 36.185 en el primer trimestre de 2020). 

A nivel regional, la Región de Murcia mantiene la tasa más alta del país de mujeres víctimas de violencia machista, con casi 28.5 de cada 10.000 mujeres denunciantes de este tipo de violencia.

En el mismo periodo citado, hubo un incremento con respecto al año anterior de casi un 11% más de órdenes de protección dictadas, así como un 40% más de casos de guarda y custodia de menores.

 

La fotografía más completa de la extensión de las violencias machistas en nuestro país más allá de los asesinatos o de las denuncias en el marco de la Ley 1/2004, la ofrece la Macroencuesta sobre violencias hacia las mujeres de 2019, elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas por encargo de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que señala que 1 de cada 2 mujeres (57,3%) residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia a lo largo de sus vidas. Casi 12 millones de mujeres. Además, 1 de cada 5 (19,8%) la han sufrido en los últimos 12 meses. Más de 4 millones de mujeres.

A nivel europeo, un tercio de las mujeres de UE ha sufrido violencia física o sexual según datos de la Agencia Europea de Derechos Humanos. Una de cada dos, acoso sexual. De ahí la iniciativa de la Comisión Europea para sacar adelante una directiva para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, una propuesta aún sujeta a las pertinentes revisiones y negociaciones, pero que debería servir para elevar a rango de ley europea las disposiciones del Convenio de Estambul. Esperamos y exigimos que esto sea posible a la mayor brevedad.

En el plano internacional, cabe destacar que los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas sitúan la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas en el centro del desarrollo sostenible, para lo que se requiere garantizarles el derecho a una vida libre de violencias machistas. 

 

 

 

 

La meta 5.2 habla explícitamente de “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”.

Ante estos números y esta realidad, ¿cómo es posible permitir el discurso mentiroso de la extrema derecha antifeminista? Sus exabruptos no solo son un insulto, sino que tienen nefastas consecuencias que se traducen en recortes de recursos institucionales y peligrosas ideas que se extienden entre las generaciones más jóvenes: uno de cada cinco hombres de entre 15 y 29 años considera que la violencia machista no existe y que es solo un “invento ideológico”, según se recoge en el barómetro sobre juventud y género de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), publicado en 2021. 

 

Comisiones Obreras Región de Murcia y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores Región de Murcia creemos que es deber de las fuerzas democráticas reforzar el consenso frente a las violencias machistas y rechazar frontalmente los discursos negacionistas que minimizan su incidencia y ponen en riesgo todo lo avanzado, cuestionan las políticas públicas contra las violencias machistas y la educación en igualdad y revictimizan a las mujeres supervivientes.

 

EXIGIMOS TOLERANCIA CERO frente a las violencias contras las mujeres. Instamos además a reforzar la educación en igualdad con el objetivo de identificar y neutralizar estas violencias y desterrar estereotipos. Exigimos a la Consejería de Educación de la Región de Murcia el fomento y la facilitación de la coeducación, de la prevención de las violencias machistas, de la aplicación de la perspectiva de género en la política educativa, y la eliminación del veto parental. La educación afectivo-sexual está contemplada en la nueva ley de educación y oponerse a su enseñanza en las aulas supone vulnerar la ley y los derechos de las niñas y de los niños a recibirla.

CCOO RM y UGT RM INSTAMOS AL GOBIERNO central y los gobiernos autonómicos y locales a que dediquen recursos y garanticen servicios de prevención y de atención integral a las víctimas de todas las violencias machistas. Teniendo en cuenta las cifras que ha expuesto mi compañera, aumentar los recursos se convierte en una línea de actuación estratégica. En nuestra región los CAVIS están desbordados, con listas de espera y faltan recursos profesionales para mejorar su atención.

 

 

 

INSTAMOS A LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS a una evaluación cuidadosa y pormenorizada de las 290 medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y a la puesta en marcha de propuestas ambiciosas y eficaces para la Estrategia Estatal de 2023. Celebramos, en todo caso, que el Pacto de Estado se haya convertido en una herramienta permanente. Y demandamos que su financiación sea también suficiente y estable, garantizando la plurianualidad de los fondos del Pacto de Estado. 

Este 25 de noviembre termina la vigencia del Pacto Regional contra la Violencia de Género, un pacto cuya repercusión se ha visto muy limitada por un elevado número de incumplimientos. Denunciamos que no es cierto que el Pacto se haya cumplido en su totalidad, como se manifiesta desde el Gobierno regional. No se ha presentado ni un informe a la Comisión contra la discriminación y la violencia de género de la Asamblea regional, de los anuales preceptivos, no se ha garantizado la educación afectivo-sexual en las aulas, las campañas de prevención de violencia de género no habrán alcanzado más de 1000 alumnos y alumnas de la región del total de 300.000. No se ha creado en los centros educativos la figura de la docente o el docente responsable de igualdad y contra la violencia de género para impulsar y llevar a cabo un plan educativo de centro. El Gobierno regional suscribe que la educación es clave, pero la deja en manos de la ultraderecha, que niega la igualdad de género y la propia violencia de género. No se ha creado una unidad de igualdad en cada consejería, ni se ha incorporado la perspectiva de género en los proyectos normativos ni en todos los procesos formativos de la Administración regional. De los 7 ejes que contiene el pacto uno es específicamente laboral, y se han incumplido las medidas pactadas con las organizaciones sindicales, como por ejemplo las acciones para combatir en las empresas el acoso sexual y por razón de sexo. 

No aceptamos que nos comuniquen de viva voz en una reunión de urgencia del Observatorio de Igualdad tres días antes del 25 N que el Pacto Regional contra la Violencia de Género se ha cumplido en su totalidad, porque es objetivo y demostrable que no ha sido así. 

 

 

 

 

 

 

Instamos a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política social y Transparencia a presentar un informe final sobre cumplimientos e incumplimientos del Pacto, a partir de una evaluación exhaustiva con indicadores creíbles, antes de lanzar a los cuatro vientos, para la promoción electoral del Gobierno regional, que se va a realizar un nuevo Pacto regional contra la Violencia de Género. Aún a pesar de la opacidad y de los incumplimientos por parte del Gobierno regional, manifestamos nuestra disponibilidad para trabajar en los pactos y acuerdos estratégicos necesarios para luchar contra las violencias machistas en nuestra región.

 

SUBRAYAMOS LA IMPORTANCIA DEL ÁMBITO LABORAL para garantizar la autonomía de las mujeres supervivientes a las violencias machistas. En este sentido, saludamos la extensión de derechos que supone la aplicación de los derechos laborales (suspensión de contratos, movilidad geográfica y funcional, etc.) a las víctimas de violencias sexuales en la recientemente aprobada Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la Libertad Sexual.

En cuanto a los contratos bonificados, un total de 845 mujeres víctimas de violencia de género han accedido a uno de estos contratos en los seis primeros meses de 2022, según datos del SEPE. El total en 2021 fue de 1231 contratos. Pese a los esfuerzos, se trata de un porcentaje aún exiguo de las víctimas. Por ello, RECLAMAMOS EL REFUERZO Y LA REVISIÓN DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO para estas mujeres, y la formación específica de los operadores que intervienen.

 

TAMBIÉN RECORDAMOS QUE EXISTEN VIOLENCIAS MACHISTAS EN EL ÁMBITO LABORAL, como el acoso sexual y por razón de sexo, que permanecen ocultas e invisibilizadas porque no se cuentan, y por ello exigimos la mejora de los instrumentos estadísticos para evitar que permanezcan, y mayor dotación de recursos humanos para la Inspección de Trabajo. A las empresas les recordamos que tienen la obligación expresa de procurar entornos laborales libres de violencias y discriminaciones hacia las trabajadoras. De ahí la importancia de protocolarizar la prevención y la actuación en caso de acoso sexual o por razón de sexo 

 

 

 

 

UGT Región de Murcia y CCOO Región de Murcia NOS FELICITAMOS POR LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos Y DEL CONVENIO 190 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, ambos instrumentos históricamente reclamados por nuestras organizaciones y que tienen que servir para eliminar las violencias. Instamos a la inmediata puesta en marcha de los instrumentos necesarios para darles cumplimiento. 

Desde nuestra competencia sindical, formamos a nuestro activo sindical frente a las violencias machistas, para que se negocien medidas que contribuyan a la erradicación de las discriminaciones, los estereotipos y la violencia en los centros de trabajo. Y reafirmamos nuestro compromiso asesorando a víctimas y mujeres supervivientes.

Por último, expresamos nuestra solidaridad con todas las mujeres oprimidas que luchan por sus derechos, en esta ocasión y en especial con las mujeres iraníes, sumándonos a su grito de guerra: ¡mujeres, vida y libertad!